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Nueva Navarra 1732

Nueva Navarra fue una provincia parte de la Comandancia General de las Provincias Internas y bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Guadalajara y del Virreinato de la Nueva España. También era conocido gobernación de Sinaloa y provincias agregadas, o bien gobernación de Sinaloa y Sonora.

En los inicios del siglo XVIII, los conflictos de jurisdicción que se presentaban en las provincias del noroeste porque sus alcaldes mayores dependían de diferentes autoridades superiores; el alcalde mayor de Culiacán estaba sujeto a la Audiencia de Guadalajara, y los demás estaban subordinados al gobernador de la Nueva Vizcaya, unido a la confusión en las provincias del sur sobre quién era la autoridad superior, género que el gobierno virreinal decidiera unificar estas provincias en una sola gobernación independiente.

A esta nueva entidad política y administrativa se le llamó gobernación de Sinaloa y provincias agregadas, o bien gobernación de Sinaloa y Sonora, que tuvo por cabecera la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa porque tenía mayor población que otras localidades y se encontraba colocada en el centro del territorio más poblado. Estaba regida por un gobernador que tenía autoridad sobre los alcaldes mayores.

El brigadier Pedro de Rivera, quien hizo la visita de los presidios del norte de 1724 a 1728, sugirió al virrey Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, esta reorganización política y administrativa de las provincias de noroeste. El virrey apoyó la idea que fue aprobada por el rey de España Felipe V en 1732 y ejecutada al año siguiente con el nombramiento del primer gobernador, Manuel Bernal de Huidobro, a la sazón alcalde mayor de Sinaloa. En los ramos de gobierno, hacienda y guerra, el gobernador estaba sujeto al virrey, mientras que en el ramo de justicia dependía de la Audiencia de Guadalajara.

La creación de la gobernación resolvió algunos problemas del gobierno local, como la unificación de la autoridad superior de las provincias, la presencia en el noroeste de un funcionario real de mayor jerarquía y con más amplios poderes, lo cual agilizó el despacho de los asuntos. Sin embargo, el nombramiento del gobernador conservó muchos de los inconvenientes de la designación de los alcaldes mayores, es decir, las fuertes erogaciones que el aspirante debía hacer para recibir el cargo, lo que originaba que procurara resarcirse de los gastos, y que se asociara con algún comerciante almacenero para servirle como agente comercial en la región, como fue el caso de los alcaldes mayores.

Por razón de su cargo y también por sus propios intereses y los de los comerciantes que representaba, el gobernador debía impulsar el desarrollo económico del sector de los colonos y en especial la producción de plata, circunstancia que lo condujo a enfrentamientos con los misioneros jesuitas, como ya había ocurrido con los alcaldes; pero ahora los conflictos fueron de mayor magnitud y se convirtieron en problemas que merecían la atención del gobierno virreinal.

El primer gobernador, Bernal de Huidobro, fue también el que inició la confrontación con los intereses de los misioneros, porque quiso, en 1735, introducir algunas reformas —para lo cual tenía facultades— en la administración interna de los pueblos de indios, pero que los misioneros rechazaron enérgicamente. La querella llegó a la Audiencia de Guadalajara y luego al virrey, y como la Compañía de Jesús gozaba de influencia política logró que se resolviera a su favor con la destitución de Manuel Bernal de Huidobro en 1740, arguyendo también algunos errores que el gobernador cometió durante la rebelión de yaquis y mayos.

La historia política de la gobernación de Sinaloa y Sonora entre 1733 y 1767 fue de continuos enfrentamientos entre los funcionarios del rey y los misioneros jesuitas, desavenencias que tenían su origen en la incompatibilidad de las dos organizaciones económicas establecidas en la región, la de los misioneros y la de los colonos. No obstante, el mismo crecimiento del conflicto indica que la autoridad del gobierno español aumentó su presencia en la región, es decir, que las provincias del noroeste avanzaban hacia la integración, cada vez mayor, de la sociedad regional, pero sujeta al gobierno de México.

Fuente:

Biblioteca Digital del ILCE